Revolución Educativa

Nos encontramos frente a un futuro cada vez más incierto. Estudios demuestran que los jóvenes que hoy transitan la escuela primaria se desempeñarán en empleos que aún no existen. ¿Estamos brindándoles una educación adecuada? ¿Cuentan con herramientas para desenvolverse en un mundo laboral dinámico y tecnológico?

 

Es hora de pensar la educación del siglo XXI con parámetros del siglo XXI: una herramienta capaz de preparar hoy a los profesionales del mañana y potenciar la creatividad e innovación en cada uno.

 

En un mundo donde la información no encuentra límites, la brecha será entre los que puedan aprovechar herramientas de bajo costo para transformarlas creativamente, y los que no puedan acceder a ellas.

 

Cada vez son mayores y más diversos los desafíos que se les presentan a los jóvenes de hoy. Dotados de tan numerosas como variadas cualidades, concebir a la educación como un instrumento para homogeneizar las individualidades es ponerse una piedra en el camino, es desperdiciar e inhibir al potencial que vive en cada una de ellas.

Una revolución educativa implica dar vuelta los paradigmas que rigen la educación de hoy: dejar de pensarla en términos del siglo XX y favorecer una formación más descentralizada, libre y enfocada en el desarrollo de las potencialidades de cada uno.

 

La libertad de enseñar y aprender consagrada en nuestra Constitución Nacional debe servirnos como norte. La enorme variedad de profesiones que ofrece el mundo de hoy, y que sin duda ofrecerá el del futuro no puede ser abarcada por una currícula ideada y planificada por el Estado, de difícil adaptación y actualización. 

 

Más que nunca precisamos de una formación pensada por y para ciudadanos, donde los conceptos de autonomía y descentralización sean los verdaderos protagonistas.

LA EDUCACIÓN DEL FUTURO

Trabajar y Crecer

Existen tantas formas de realizarse como personas en la Tierra y cada cual puede encontrar su propósito o misión en algo distinto. La libertad para perseguir los propios fines y alcanzar la felicidad de la forma en que se la conciba no debería ser limitada ni obstaculizada por una burocracia ineficiente.

 

La posibilidad de trabajar y comerciar con libertad no sólo constituye un derecho imprescindible. Elegir una profesión, formarse en ella y desempeñarla con arreglo a la ley, así como disponer libremente del fruto del trabajo es tan esencial como la propia vida en sociedad. El Estado no debe funcionar como un obstáculo, sino como garante de las condiciones para que los ciudadanos puedan desarrollarse, trabajar y vivir dignamente. Sólo así veremos una mejora significativa en nuestra calidad de vida.

 

Un país donde el 40% de su población vive bajo la línea de pobreza no puede darse el lujo de poner obstáculos al trabajo y a la inversión. Un emprendedor que aspira a desarrollar su actividad encuentra con frecuencia trabas, costos y burocracias que le impiden avanzar y llevar a cabo sus ideas, que brindarían empleo y favorecerían con ello a la sociedad.

La realidad económica de nuestro país deja en evidencia esta inviabilidad. Casi la mitad de los argentinos en edad de actividad desarrolla su labor en la informalidad. Es la propia legislación laboral, arcaica y desactualizada, que falsamente  argumenta defender al trabajador, la que mantiene al trabajador lejos de la empresa.

 

Enormes regulaciones, cargas impositivas y requisitos de difícil cumplimiento entorpecen la labor diaria de cada empresa. Un relato que ataca al sector privado se suma a agravar la ecuación. La mentalidad anti-empresa mantiene a Argentina como uno de los países que mayores dificultades ofrece para quienes buscan establecerse, invertir y dar trabajo. ¿Quién se perjudica? A cada uno de nosotros.

 

El mundo cambia vertiginosamente todos los días, las dinámicas laborales mutan con velocidad. Si nuestras normas no son capaces de acompañar los cambios para ofrecer un entorno propicio para la actividad y el empleo, entonces no tendremos ni una ni el otro.

CRECIMIENTO SUSTENTABLE

Nuestro Estado

El Estado no nos antecede como ciudadanos. Somos nosotros quienes delegamos soberanía en un grupo de representantes para regular ciertos aspectos de la vida en sociedad. Pero… ¿hasta dónde se extiende su poder?

 

¿Cuánta libertad es justo resignar en pos de orden o seguridad? ¿A qué punto permite el Estado garantizar efectivamente esas condiciones? Son preguntas que difícilmente nos sentemos a pensar en lo cotidiano, pero no por ello resultan menos importantes. 

 

La libertad no se pierde de un momento a otro. Estar atentos, advertir los atropellos y exigir el respeto por los derechos más esenciales empieza por cada uno de nosotros.

 

Con frecuencia asistimos ya sin sorpresa a situaciones que en tantos lugares del mundo resultarían escandalosas. La utilización de los resortes del Estado para el provecho partidario es una constante a la que la Argentina de hoy se ha resignado.

 

Los partidos políticos en el Gobierno intentan constantemente torcer a la estructura en su favor. Una alternancia en la administración puede suponer un giro de 180° en la agenda de políticas públicas, dada la amplitud y discrecionalidad del poder estatal. Más preocupados por favorecerse de ella, ninguna de las partes se preocupa por limitar efectivamente esta potestad.

El Estado como institución nace para garantizar nuestros derechos y libertades. El correcto funcionamiento y balance de los tres poderes es condición imprescindible para la existencia de una República. Si permitimos que el Poder Ejecutivo avasalle a los otros dos, estaremos poniendo en riesgo nuestra integridad constitucional.

 

Mientras justifica su expansión con la excusa de que esa es la mejor forma de garantizar sus funciones, el Gobierno avanza cada vez más sobre un amplio espectro de nuestra vida en sociedad. Por cada nueva atribución que se adjudica, se produce un recorte en las potestades de cada uno de nosotros. 

 

Entonces, no sólo vemos nuestras libertades limitadas, sino que somos testigos del aumento preocupante del costo que el sector público impone al resto de la sociedad. Una ciudadanía cada vez más empobrecida se ve obligada a sostener una estructura cada vez más grande e ineficiente.

 

Comencemos a concebir al Estado como una institución que en lugar de ejecutar directamente sus políticas públicas, guíe su realización, de forma transparente, en un marco de respeto por la libertad individual y la propiedad privada. El Estado debe funcionar como promotor de procesos competitivos y participativos que fomenten la innovación y la flexibilidad.

SOLIDO Y EFICIENTE

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