La educación pública argentina enfrenta un desafío estructural que ya no podemos ignorar: su alta centralización. Las decisiones pedagógicas, administrativas y financieras suelen definirse lejos de las aulas, en escritorios ministeriales que desconocen las realidades específicas de cada escuela. En contraste, las instituciones privadas logran mayor flexibilidad para gestionar sus recursos y definir estrategias pedagógicas adaptadas a sus comunidades. El resultado está a la vista: mejores desempeños académicos y un clima escolar más favorable.